Publicaciones seriadas externas

Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz.

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – FCSPP, autor.

Programa de Garantías para la Paz – PGP, autor.

Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT, autor.

Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC, autor.

González Zapata, Alexandra, autora.

Moore Torres, Catherine, autora.

Castañeda Villacob,Franklin, coordinación general y presidente Junta Nacional FCSPP.

Medina, Alejandro, encargado de diseño y diagramación.

Ramírez, Oscar, colaborador desde el rol de coordinador del área de cárceles del FCSPP.

HernándezZoraida, Secretaria general del FCSPP, colaboradora desde el rol de cecretaria general del FCSPP.

Fundación Heinrich Böll Oficina Bogotá – Colombia, Misereor, apoyo financiero.

War on Want Fighting Global Poverty, apoyo financiero.

El informe advierte con preocupación, que el uso indebido del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos se presenta de manera particular con ocasión a ciertos contextos en los cuales las personas defensoras realizan su trabajo y defienden o reivindican determinados derechos: i) contra quienes ejercen un liderazgo ambiental o pertenecen a organizaciones sociales que plantean reclamos relacionados con el acceso a la tierra y la defensa del territorio y el medio ambiente, puesto que el 74% de las personas defensoras judicializadas ejercen un liderazgo ambiental; ii) quienes promueven y participan en el ejercicio del derecho a la protesta social, particularmente en los llamados paros agrarios, en la Minga por la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz, y en protestas contra proyectos minero-energéticos; y iii) aquellas personas que defienden la salida política del conflicto armado y promueven la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente los programas relacionados con la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos. (Tomado de la fuente).

spa.

Delitos contra la libertad individual.

Derecho a la paz.

Detención.

Organizaciones sociales.

Bogotá (Colombia).

1949-1991: Colombia vivió más de treinta años en estado de sitio. Durante este periodo hubo momentos en los cuales se impusieron profundas restricciones a las libertades públicas, a través, por ejemplo, de la competencia de la justicia militar para juzgar a los civiles.

1964-1991: Desde que inició la confrontación armada con las organizaciones guerrilleras (1964), hasta la Constitución de 1991, Colombia vivió prácticamente en un régimen de excepción permanente.

2012: Inició formalmente el proceso de negociación política que adelantó el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El mismo año, de forma privada, se adelantaron los primeros acercamientos del gobierno con la segunda guerrilla más numerosa del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos procesos de diálogo tenían como objetivo avanzar en una solución política y negociada del conflicto armado, a través de la construcción de una agenda política que permitiera la superación de las causales sociales, económicas y políticas que dieron origen y perpetuaron la confrontación armada.

2012-2018: Se registran los siguientes casos de acciones violentas contra defensores/as: 357 en 2012; 366 en 2013; 626 en 2014; 682 en 2015; 481 en 2016; 560 en 2017; y 805 en 2018.

2012-2019: se ha registrado un promedio mensual de 33.5 amenazas a defensores/as, 3.5 atentados, 7 personas defensoras asesinadas y 3 judicializadas.

2012-2019: Han sido judicializadas 249 personas defensoras de derechos humanos.

2017: Se registran 60 casos de personas defensoras que fueron sometidas a procesos penales sin fundamento.

2017-2019: Las EDAs han investigado y acusado a 22 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente por su participación en jornadas de protestas contra las empresas petroleras en los departamentos de Arauca, Casanare y Meta.

Prólogo -- Resumen ejecutivo -- Résumé Analytique -- Executive Summary -- Introducción -- 01 Uso indebido del derecho penal para criminalizar a defensores/as de derechos humanos: contextos y actores ; 1.1. Contextos en los que se observa el uso indebido del derecho penal ; 1.1.1 / El contexto de las conversaciones de paz entre el Gobierno y las FARC y el ELN ; 1.1.2 / Escenarios de protesta social ; 1.1.3 Contexto de defensa del derecho a la tierra, el territorio y el medio ambiente ;1.2 Actores que intervienen en el uso indebido del derecho penal ; 1.2.1 Estructuras de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación (FGN) ; 1.2.2 Fuerza Pública ; 1.2.3 Empresas del sector de minero-energético -- 02 Violaciones al debido proceso y otros derechos humanos en procesos judiciales contra defensores de derechos humanos ; 2.1 Uso indebido de tipos penales de lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y otras leyes relativas a la seguridad nacional ; 2.2 Violación de la libertad personal y el presupuesto de peligrosidad de la labor de defensa de los derechos humanos para imponer prisión preventiva ; 2.3 Uso de testigos poco fiables ; 2.4 Demoras injustificadas de los procesos penales -- 03 Campañas de desprestigio y estigmatización y los medios de comunicación masivos ; 3.1 Deslegitimación y criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos desde los discursos de los funcionarios públicos de alto rango ; 3.1.1 La protesta social y los discursos estigmatizantes de funcionarios públicos de alto rango ; 3.1.2 Campañas de desprestigio y estigmatización que afectan a comunidades enteras. El caso de algunas comunidades en Antioquia ; 3.2 El papel del cubrimiento mediático en las campañas de desprestigio / / y estigmatización ; 3.2.1 Cubrimiento mediático de las movilizaciones y de la protesta social: el traumatismo como guion dominante ; 3.2.2 Cubrimiento mediático de las capturas a defensores/ as de derechos humanos: la “justicia mediática” ; 3.3 Violación del derecho a la honra, el buen nombre y el derecho a la integridad personal -- 04 Tratamiento penal de la protesta social en la Justicia Especial para la Paz (JEP): retos y perspectivas -- 05 Impactos de la criminalización en las personas defensoras de derechos humanos ; 5.1 Efectos en la vida personal y familiar ; 5.1.1 Impactos en la integridad personal: efectos psicológicos y emocionales ; 5.1.2 Impactos en la integridad personal: efectos en la salud física ; 5.1.3 Impactos económicos ; 5.2 Efectos en la vida colectiva, las organizaciones sociales y la labor de defensa a los derechos humanos ;5.2.1 Estigmatización y otras violencias: efectos en la integridad personal de las personas defensoras ; 5.2.2 Afectaciones en las causas que defienden defensores/as y organizaciones de DDHH ; 5.2.3 Acá estamos “con la dignidad ; intacta” -- 06 Casos emblemáticos de criminalización de defensores/as de derechos humanos ; 6.1 Ocho líderes ambientales y comunales de San Luis de Palenque, Casanare ; 6.2 Miembros de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca) ; 6.3 Alix Miriam Aguilar: vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Unidas por Casanare (Asmuc) ;6.4 Líderes reclamantes de tierras de la “Hacienda Bellacruz”, Cesar ; 6.5 Capturas masivas en municipios del sur de Bolívar ; 6.6 Detención de dirigente social Julián Andrés Gil Reyes -- 07 Conclusiones y recomendaciones ; 7.1. Conclusiones ; 7.2 Recomendaciones ; 7.2.1 Al Estado Colombiano ; 7.2.2 A las empresas -- A. Anexo: listado de empresas con convenios de cooperación entre 2012 - 2018 -- B. Anexo: Valoración de las campañas de desprestigio y estigmatización en 5 de los 6 casos emblemáticos de criminalización reseñados en el capítulo 6 -- Bibliografía-

Colombia is one of the most dangerous countries in the world for those who defend human rights. The increase in attacks and aggression against defenders’ life, physical integrity, and freedom is alarming. Since 2012, the registered monthly average for defenders was 33.5 threats, 3.5 attacks, 7 defenders assassinated, and 3 prosecuted. Criminalization through the unlawful use of criminal law is part of the range of attacks, aggressions, and obstacles that defenders face in Colombia, and which are often made invisible. This type of aggression has been increasing over the last eight years, a time frame that coincides with an unprecedented increase in social protests in Colombia, given that the initiation of negotiations in Havana between the Colombian government and the former FARC guerilla generated a national political climate where different social sectors brought to light a variety of demands that had been overshadowed by the war’s predominance in the country’s public agenda. Using 2012 as a reference point, up to 15 July 2019 there was a 244% increase in the cases with an unlawful use of criminal law to criminalize the defense of human rights. The Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) has documented that 249 human rights defenders were prosecuted between January 2012 and 15 July 2019. This means that, on average, 33 defenders were prosecuted each year, that is to say, 1 person every 11 days over the last 8 years. It is worth noting that, of the 235 cases where the individuals gender is documented 17% are women and 83% are men. (Tomado de la fuente).

Le rapport met en évidence les acteurs de l’État ainsi que privés qui interviennent et se bénéficient des poursuites engagées contre les défenseur(e)s, tels que le rôle des entreprises nationales et transnationales du secteur minier et énergétique et la tendance à la privatisation de la justice et de la sécurité publique, laquelle se réalise par le biais d’accords de coopération conclus entre des entreprises du secteur minier et énergétique avec le ministère de la Défense et la Fiscalía General de la Nación. Au cours de la période considérée, 2012-2019, le Ministère de la défense a signé – pour le moins - 365 accords de coopération avec 117 entreprises des secteurs de l’extraction minière et de l’énergie, avec une présence sur 27 des 32 départements de Colombie. Les secteurs qui concentrent la majorité de ces accords sont celui des hydrocarbures (53%) et minier (près de 30%). Dans ces accords, l’État s’engage, par l’intermédiaire de ses forces de sécurité, à fournir une protection spéciale dans les zones géographiques d’intérêt de ces sociétés contre les menaces pesant sur leur fonctionnement. Il est à noter que la société qui a le plus contribué au financement des forces publiques de sécurité est Ecopetrol, qui a alloué 154.320.012.625 Pesos Colombiens (41.157.130 Euros20) au cours des quatre dernières années à la Marine Nationale, l’Armée de Terre, la Police Nationale et la Force Aérienne. (Tomado de la fuente).

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – FCSPP.

Programa de Garantías para la Paz – PGP.

Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT.

Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC.

2019.

Primera edición.

PDF.

ISBN: 978-958-56456-6-0.

Las opiniones contenidas en el presente documento son solo responsabilidad de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria y la Organización Mundial Contra la Tortura y no comprometen de ninguna manera a las organizaciones que apoyaron su publicación. La difusión de este documento es libre, siempre y cuando se cite la fuente. (Tomado de la fuente).

General.

Cita, entre otros a:

Agencia de Prensa IPC. “Defensores de derechos humanos: bajo el estigma del presidente Uribe”, 23 de octubre de 2009. Recuperado de: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2009/10/23/defensores-de-derechos-humanos-bajo-el-estigma-del-presidente-uribe/

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Informe anual. Consejo de Derechos Humanos, 31.º período de sesiones, 15 de marzo de 2016. A/HRC/31/3/Add.2

Arbeláez, N. “Camilo Umaña: «Los medios muestran la justicia como el cine muestra la guerra»”. Entrevista a Camilo Eduardo Umaña, 20 de junio de 2019. Recuperado de: https://www.filco.es/camilo-umana-los-medios-muestran-la-justicia-como-el-cine-muestra-la-guerra/

Asamblea General de las Naciones Unidas. “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976.

Asamblea General de Naciones Unidas. “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”. Resolución A/RES/53/144, 8 de marzo de 1999

Asociación Campesina de San José de Apartadó. “Paro estudiantil en San José de Apartadó es respondido con tanques de guerra”, Agencia Prensa Rural, 27 de julio de 2015. Recuperado de: https://prensarural.org/spip/spip.php?article17384

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Auto No. 04929. “Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatoria ambiental”, 31 de octubre de 2017. Recuperado de: http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/auto_4929_31102017_ct_4203.pdf

Bedoya Jaramillo, Y. “Proceso histórico de configuración del Congreso de los Pueblos como un movimiento popular en Colombia” (trabajo de grado). Medellín: Universidad de Antioquia, 2015.

BLU Radio. “Unidad de Tierras detectó falsas víctimas de la Hacienda Bellacruz, Cesar”. Blu radio, 15 de junio de 2017. Recuperado de: https://www.bluradio.com/nacion/unidad-de-tierras-detecto-falsas-victimas-de-la-hacienda-bellacruz-cesar-144286

BLU Radio. “Denuncian que 9 capturados por Ejército en sur de Bolívar son campesinos, no guerrilleros”. blu radio, 15 de julio de 2019. Recuperado de: https://www.bluradio.com/nacion/denuncian-que-9-capturados-por-ejercito-ensur-de-bolivar-son-campesinos-no-guerrilleros-stds-220439-ie6526264

Caracol Radio. “Capturan a jefes de las células urbanas del Eln”. Caracol Radio, 8 de junio de 2018. Recuperado de: https://caracol.com.co/radio/2018/06/08/judicial/1528481045_534942.html

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