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La presente propuesta de lineamientos de política pública parte del reconocimiento y reivindicación del Acuerdo Final de Paz como parámetro de interpretación constitucional y desarrollo normativo, que en concordancia con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2017, que ordena preservar “los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final” en el diseño de las políticas que lo desarrollan, nos obliga a proponer programas y planes que respondan de manera estricta a sus mandatos, conceptos y objetivos. (Tomado de la fuente).
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Este Décimo Informe de Seguimiento fue construido por las diferentes personas y organizaciones que componen la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013, con el fin de brindar información e insumos a la Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria de la Corte Constitucional. Así, este informe aborda las problemáticas de derechos fundamentales que enfrenta la población privada de la libertad, tales como el derecho a la resocialización, a la alimentación, a la salud y al acceso a la justicia, que se han visto particularmente afectados por las condiciones impuestas por la pandemia de Covid-19 y, más aún, por las medidas deficientes adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentarla. En este sentido, la Comisión no sólo concluye que el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria persiste, sino que la falla estructural que le dio origen se ha profundizado durante la pandemia y se ha expandido a instituciones fuera del sistema penitenciario y carcelario. (Tomado de la fuente).
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El presente informe aborda el periodo comprendido entre los años 2015 y 2022 donde Colombia siguió incumpliendo sus obligaciones internacionales establecidas en la Convención contra la Tortura y Otras Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y no ha acatado las recomendaciones formuladas por el CAT en la última revisión.
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El periodo de tiempo estudiado en este informe comprende del segundo semestre de 2019 a noviembre de 2021 y hace parte de un grupo de publicaciones realizadas por la Fundación CSPP con el ánimo de demostrar la utilización del aparato de justicia con fines ilicititos, comúnmente ligados a intereses privados o a autoridades del Estado que recurren a la judicialización con el objetivo de acosar o desprestigiar la labor de defensores de derechos humanos. Dentro de esta colección se encuentran los informes “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” publicado en diciembre de 2019 y “Lo absurdo sobre lo obvio: criminalización histórica al reclamo y defensa de los derechos humanos en Antioquia” publicado en el 2020. (Tomado de la fuente).
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La puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como de las demás instancias surgidas en el marco del Acuerdo de Paz, generó grandes expectativas en la sociedad colombiana y, especialmente entre las víctimas de la violencia sociopolítica y el conflicto armado que tuvo distintas manifestaciones durante, por lo menos, seis décadas. Se han visto estos mecanismos como herramientas para lograr el esclarecimiento de las atrocidades perpetradas tanto por las entidades estatales como por los integrantes de la mayor organización guerrillera contraestatal, que dejaron millones de víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional. Así, la expectativa de poder llevar los responsables principales de estos crímenes ante escenarios judiciales se ha elogiado como uno de los logros más significativos en el proceso detransición, a nivel mundial. (Tomado de la fuente).
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Iniciativa surgida en Euskal Herria, en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) por un motivo fundamental: uno de los objetos de estudio de los y las profesoras del área científica de Relaciones Internacionales de nuestro Departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico-Jurídicas y del Pensamiento Político, es el análisis y seguimiento de los conflictos internacionales o, en su caso, inicialmente internos, pero con el transcurso del tiempo internacionalizados; así como los intentos y procesos negociados de resolución de conflictos y conclusión de acuerdos de paz. (Tomado de la fuente).
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Este informe presenta el estado de la implementación de las disposiciones del Acuerdo Final orientadas a la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado y cubre el periodo comprendido entre diciembre de 2016 y septiembre de 2022. Para el desarrollo de este informe, el Instituto Kroc siguió la metodología desarrollada para hacer seguimiento a la implementación general del Acuerdo y estableció criterios metodológicos especiales para realizar un análisis en clave de los derechos de las víctimas. En consecuencia, el Instituto Kroc estableció cinco ejes de análisis, cinco criterios de selección y tres criterios de exclusión para analizar, identificar y seleccionar las disposiciones de la Matriz Barómetro relacionadas con la satisfacción de los derechos de las víctimas. (Tomado de la fuente).
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Esta publicación es realizada por el Colectivo de Trabajo por las Mujeres Privadas de la Libertad y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) Seccional Cundinamarca con la participación del Colectivo de Mujeres Libres y el colectivo Cuerpos en prisión, mentes en acción, en apoyo con el Fondo Lunaria.
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es una organización que durante más de 40 años ha velado por el respeto y la garantía de los derechos humanos (DDHH) de las personas privadas de la libertad, en especial de aquellas que se encuentran procesadas o condenadas por delitos políticos, promoviendo mejoras en el sistema de justicia colombiano y exigiendo la implementación de una política criminal democrática con justicia social y desde un enfoque de género, para aportar a la construcción de un Estado respetuoso de los DDHH, la democracia y la paz. La FCSPP procura el mejoramiento de las condiciones de los sitios de detención y de los mecanismos de protección de las personas privadas de la libertad, realiza acciones de visibilización, prevención y denuncia de hechos constitutivos de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes cometidos por agentes estatales. (Tomado de la fuente).
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El informe Garantías para el cambio: dispositivos de política pública en favor de las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, elaborado gracias a un trabajo conjunto entre el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU) y el Programa Somos Defensores (PSD) tiene como propósito presentar de manera sintética las principales falencias en la implementación de mecanismos que se consideran pilares en la construcción de una política pública de garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos y que fueron consagrados en el Acuerdo de Paz, junto con algunas recomendaciones de largo alcance al Gobierno entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez que se consideran fundamentales para encauzar el rumbo de su implementación, avanzar en la superación de las violencias que enfrentan las personas defensoras y liderazgos sociales y la configuración de una política pública de garantías para el ejercicio de
a labor de defensa de los derechos humanos. (Tomado de la fuente).
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