Política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra la construcción de la paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

Urrego, Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia.

Cuartas Montoya, Gloria, delegada presidencial ante el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política.

Velasco Cháves, Luis Fernando, ministro del interior.

Velásquez Gómez, Iván, ministro de defensa.

Osuna Patiño, Néstor Iván, ministro de justicia y del derecho.

Barbosa Delgado, Francisco, fiscal general de la nación.

Camargo Assis, Carlos, defensor del pueblo.

Cabello Blanco, Margarita, procuradora general de la nación.

Toro Parra, Hernando, director de la unidad especial de investigación de la Fiscalía.

Giraldo Bonilla, Helder Fernán, comandante general de las Fuerzas Militares.

Salamanca Ramírez, William René, director general de la Policía Nacional.

López Palacio, Liliana, comisionada experta designada por la CSIVI.

Caycedo Turriago, Jaime, comisionada experta designada por la CSIVI.

González Posso, Camilo, comisionada experta designada por la CSIVI.

Gutierrez Argüello, Soraya, comisionada designada por las plataformas de derechos humanos.

Rodríguez, Ana María, comisionada designada por las plataformas de derechos humanos.

Cabrera Cifuentes, Linda, invitada permanente.

Salamanca, Rosa Emilia, invitada permanente.

Wouriyu Valbuena, Armando, invitado permanente.

Cuartas Montoya, Gloria, secretaría técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Lozano Sierra, Carlos, apoyo a la secretaría técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Con la presente política pública el Estado colombiano asume el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección de los defensores y defensoras de DD. HH., líderes y lideresas sociales y políticos. Además, esta política asume el compromiso de fortalecer una instancia creada por el Estado para diseñar, armonizar e implementar una política criminal orientada a hacer frente a los fenómenos delictivos que amenazan y atentan contra las personas que participan en la implementación del Acuerdo Final de Paz. (Tomado de la fuente).

spa.

Actores armados.

Bacrim.

Construcción de paz.

Defensores de derechos humanos.

Política pública.

Colombia.

2016-2020: La OACNUDH repoertó 417 hechos de homicidios contra personas defensoras de DD. HH.

2016-2023: Desde la firma del Acuerdo de Paz, se han presentado 126 tentativas de homicidio, 31 desapariciones, así como casos de desplazamiento individual y colectivo, particularmente sobre las AETCR.

2018-2022: La Comisión estableció su reglamento y avanzó en la elaboración de varios documentos, no se lograron avances sustanciales en el alcance de sus competencias.

2019: Se convierte en el año más violento contra las personas en proceso de reincorporación (78 casos de homicidios), se empieza a identificar una leve tendencia a la baja de homicidios contra firmantes del Acuerdo de Paz.

2020: La Defensoría del Pueblo advirtió un aumento en el impacto de las vulneraciones de derechos, así como una expansión de las regiones afectadas por el conflicto.
Puntualmente, identificó 16 subregiones donde se presentan emergencias humanitarias recurrentes:
(i) Bajo Cauca, Norte y Urabá (Antioquia); (ii) Medio y Bajo Atrato: Bajo San Juan; Medio, Alto y Bajo Baudó (Chocó); (iii) zona urbana y rural de Buenaventura (Valle del Cauca); (iv) Norte y Pacífico (Cauca); (v) Costa Pacífica (Nariño); (vi) Zona sur (Córdoba); y (vii) Catatumbo (Norte de Santander).

2021-2023: La Defensoría del Pueblo reportó 404 homicidios contra personas defensoras de DD. HH.

2022: La Defensoría del Pueblo señala que de los 215 homicidios ocurridos durante ese año, los sectores sociales de liderazgo más afectados fueron, en su orden: líderes comunales (63), líderes indígenas (47), líderes comunitarios (36), campesinos o líderes agrarios (18),afrodescendientes (12), sindicales (8), activistas en DD. HH. (7), culturales o deportivos (5), líderes de población con orientación sexual e identidad de género diversas (4), servidores públicos (3), entre otros.

2023: Al 4 de junio de este año, se registran 372 asesinatos de excombatientes en 24 departamentos y 136 municipios, concentrados mayormente en zonas rurales con escasa presencia estatal.

1. INTRODUCCIÓN -- 2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN ; 2.1. Antecedentes ; 2.2. Justificación -- 3. MARCO CONCEPTUAL ; 3.1. Principios ; 3.2. Enfoques ; 3.3. Conceptos orientadores ; 3.4. Marco de referencia -- 4. DIAGNÓSTICO ; 4.1. Dimensión financiera ; 4.2. Dimensión política e institucional ; 4.3. Dimensión ; 4.4. Dimensión transnacional y transfronterizaarmada ; 4.5 Factor sociocultural ; 4.6. Factor de fortalecimiento del Estado -- 5. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA ; 5.1. Lineamientos generales ; 5.2. Dimensiones ; 5.3. Factores ; 5.4. Objetivo general ; 5.5. Objetivos específicos ; 5.6. Plan de Acción Permanente ; 5.7. Seguimiento -- BIBLIOGRAFÍA -- ANEXOS ; Anexo 1. Documento de recomendaciones de la Sesión Temática de Género para la construcción del diagnóstico de los lineamientos de la política de desmantelamiento ; Anexo 2. Plan de Acción Permanente para el desmantelamiento de
organizaciones criminales que atentan contra la construcción de la paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo -- MAPAS.

Presidencia de la República.

2023.

PDF.

General.

Cita a:

Abadinsky, H. (2014). Organized crime. Cengage Learning.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2013). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business.

Albanese, J. S. (2014). Organized Crime in Our Times. Elsevier.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH]. (2020-2022). Informe anual del ACNUDH sobre Colombia. Ginebra.

Buscaglia, E. (s.f.). “La paradoja de la represión: La impotencia del Estado ante la delincuencia organizada” en https://www.casamerica.es/index.php/temastv/paradoja-de-la-represion-laimpotencia-del-estado-ante-la-delincuencia-organizada

Buscaglia, E. (2018). La integración vertical de la delincuencia organizada vinculada a la corrupción política. Un análisis jurimétrico del decomiso de activos y los derechos humanos. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro.

Buscaglia, E. (2000). Evaluación y diseño de políticas públicas y programas contra el crimen organizado: cinco buenas prácticas latinoamericanas. Santiago de Chile: CEPAL.

Cepeda, F. (2019). Desmontando la violencia. Una mirada crítica a la seguridad democrática. Universidad de los Andes.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2019). Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. Washington, D.C.

Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1969). Declaración Universal de Derechos Humanos. París.

Fukuyama, F. (2014). Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. Farrar, Straus and Giroux.

González, C. (2016). El complejo paramilitar se transforma. Indepaz.

González, L. A., & Rincón, O. A. (2018). La política pública de seguridad en Colombia: la seguridad democrática (2002-2010) y la consolidación de la paz (2010-2018). En Tramas y retos de la política pública en Colombia (pp. 119-140). Ediciones Universidad Libre.

Guerrero, E., & González, L. A. (2017). Colombia: la difícil transición de la seguridad democrática a la paz territorial. En La seguridad en América Latina (pp. 229-254). Editorial Universidad del Rosario.

Gutiérrez Sanín, F. (2015). La violencia en Colombia. Una mirada desde la complejidad. Siglo del Hombre Editores.

Indepaz (2021). Focos del conflicto armado en Colombia. En www.indepaz.org.co

Jaramillo, J. F. (2019). La lucha contra el narcotráfico en Colombia: lecciones aprendidas y desafíos. En Lucha contra el narcotráfico en América Latina (pp. 107-127). Ediciones Uniandes.

Kalyvas, S. N. (2006). The logic of violence in civil war. Cambridge University Press.

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2019). Informe del Secretario General sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en C olombia. Nueva York.

Organización de las Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nueva York.

Paoli, L. (2014). The Oxford Handbook of Organized Crime. Oxford University Press.

Restrepo, M. (2017). Las lógicas de la violencia en Colombia. En Encuentros y desencuentros: lógicas de la violencia en América Latina (pp. 131-158). Universidad Nacional de Colombia.

Rotberg, R. I. (2004). When states fail: Causes and consequences. Princeton University Press.

Weinstein, J. M. (2006). Inside rebellion: The politics of insurgent violence. Cambridge University Press.

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