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La presente propuesta de lineamientos de política pública parte del reconocimiento y reivindicación del Acuerdo Final de Paz como parámetro de interpretación constitucional y desarrollo normativo, que en concordancia con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2017, que ordena preservar “los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final” en el diseño de las políticas que lo desarrollan, nos obliga a proponer programas y planes que respondan de manera estricta a sus mandatos, conceptos y objetivos. (Tomado de la fuente).
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Este Décimo Informe de Seguimiento fue construido por las diferentes personas y organizaciones que componen la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013, con el fin de brindar información e insumos a la Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria de la Corte Constitucional. Así, este informe aborda las problemáticas de derechos fundamentales que enfrenta la población privada de la libertad, tales como el derecho a la resocialización, a la alimentación, a la salud y al acceso a la justicia, que se han visto particularmente afectados por las condiciones impuestas por la pandemia de Covid-19 y, más aún, por las medidas deficientes adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentarla. En este sentido, la Comisión no sólo concluye que el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria persiste, sino que la falla estructural que le dio origen se ha profundizado durante la pandemia y se ha expandido a instituciones fuera del sistema penitenciario y carcelario. (Tomado de la fuente).
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El presente informe aborda el periodo comprendido entre los años 2015 y 2022 donde Colombia siguió incumpliendo sus obligaciones internacionales establecidas en la Convención contra la Tortura y Otras Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y no ha acatado las recomendaciones formuladas por el CAT en la última revisión.
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El periodo de tiempo estudiado en este informe comprende del segundo semestre de 2019 a noviembre de 2021 y hace parte de un grupo de publicaciones realizadas por la Fundación CSPP con el ánimo de demostrar la utilización del aparato de justicia con fines ilicititos, comúnmente ligados a intereses privados o a autoridades del Estado que recurren a la judicialización con el objetivo de acosar o desprestigiar la labor de defensores de derechos humanos. Dentro de esta colección se encuentran los informes “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” publicado en diciembre de 2019 y “Lo absurdo sobre lo obvio: criminalización histórica al reclamo y defensa de los derechos humanos en Antioquia” publicado en el 2020. (Tomado de la fuente).
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La puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como de las demás instancias surgidas en el marco del Acuerdo de Paz, generó grandes expectativas en la sociedad colombiana y, especialmente entre las víctimas de la violencia sociopolítica y el conflicto armado que tuvo distintas manifestaciones durante, por lo menos, seis décadas. Se han visto estos mecanismos como herramientas para lograr el esclarecimiento de las atrocidades perpetradas tanto por las entidades estatales como por los integrantes de la mayor organización guerrillera contraestatal, que dejaron millones de víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional. Así, la expectativa de poder llevar los responsables principales de estos crímenes ante escenarios judiciales se ha elogiado como uno de los logros más significativos en el proceso detransición, a nivel mundial. (Tomado de la fuente).
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Iniciativa surgida en Euskal Herria, en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) por un motivo fundamental: uno de los objetos de estudio de los y las profesoras del área científica de Relaciones Internacionales de nuestro Departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico-Jurídicas y del Pensamiento Político, es el análisis y seguimiento de los conflictos internacionales o, en su caso, inicialmente internos, pero con el transcurso del tiempo internacionalizados; así como los intentos y procesos negociados de resolución de conflictos y conclusión de acuerdos de paz. (Tomado de la fuente).
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Este informe presenta el estado de la implementación de las disposiciones del Acuerdo Final orientadas a la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado y cubre el periodo comprendido entre diciembre de 2016 y septiembre de 2022. Para el desarrollo de este informe, el Instituto Kroc siguió la metodología desarrollada para hacer seguimiento a la implementación general del Acuerdo y estableció criterios metodológicos especiales para realizar un análisis en clave de los derechos de las víctimas. En consecuencia, el Instituto Kroc estableció cinco ejes de análisis, cinco criterios de selección y tres criterios de exclusión para analizar, identificar y seleccionar las disposiciones de la Matriz Barómetro relacionadas con la satisfacción de los derechos de las víctimas. (Tomado de la fuente).
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Esta publicación es realizada por el Colectivo de Trabajo por las Mujeres Privadas de la Libertad y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) Seccional Cundinamarca con la participación del Colectivo de Mujeres Libres y el colectivo Cuerpos en prisión, mentes en acción, en apoyo con el Fondo Lunaria.
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es una organización que durante más de 40 años ha velado por el respeto y la garantía de los derechos humanos (DDHH) de las personas privadas de la libertad, en especial de aquellas que se encuentran procesadas o condenadas por delitos políticos, promoviendo mejoras en el sistema de justicia colombiano y exigiendo la implementación de una política criminal democrática con justicia social y desde un enfoque de género, para aportar a la construcción de un Estado respetuoso de los DDHH, la democracia y la paz. La FCSPP procura el mejoramiento de las condiciones de los sitios de detención y de los mecanismos de protección de las personas privadas de la libertad, realiza acciones de visibilización, prevención y denuncia de hechos constitutivos de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes cometidos por agentes estatales. (Tomado de la fuente).
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El informe Garantías para el cambio: dispositivos de política pública en favor de las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, elaborado gracias a un trabajo conjunto entre el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU) y el Programa Somos Defensores (PSD) tiene como propósito presentar de manera sintética las principales falencias en la implementación de mecanismos que se consideran pilares en la construcción de una política pública de garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos y que fueron consagrados en el Acuerdo de Paz, junto con algunas recomendaciones de largo alcance al Gobierno entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez que se consideran fundamentales para encauzar el rumbo de su implementación, avanzar en la superación de las violencias que enfrentan las personas defensoras y liderazgos sociales y la configuración de una política pública de garantías para el ejercicio de
a labor de defensa de los derechos humanos. (Tomado de la fuente).
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Parte de los documentos presentados en esta cartilla surgen del trabajo que durante años las organizaciones que han participado activamente de la Campaña Defender la libertad: asunto de todas han venido construyendo colectivamente. (Tomado de la fuente).
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Durante el año 2021, Colombia vivió la continuación de fuertes procesos de movilización social y de exigibilidad de derechos humanos, colectivos, ambientales, territoriales, relacionados con la construcción de paz, comunidades empobrecidas y sometidas a un a la precariedad derivada del pésimo manejo a la crisis sanitaria, económica, ecológica y socioambiental. (Tomado de la fuente).
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El presente informe considera como estallido social, los tres periodos de movilización ocurridos entre el 21 de noviembre de 2019, el 9 al 11 de septiembre de 2020 y el 28 de julio de 2021. Estos datos buscan dar un contexto y sustento al análisis del uso de la fuerza y la tortura durante la protesta social. (Tomado de la fuente).
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El presente informe pretende evidenciar la sistematicidad en dichas agresiones. El informe parte de un contexto general y aborda el papel de las NNA en el Paro Nacional como participantes activos. Luego, el documento aborda las vulneraciones cometidas en contra de NNA tales como asesinatos, violencias basadas en género, lesiones oculares, heridas con arma de fuego, otras heridas, detenciones arbitrarias, entre otras. Para ello, se tienen en cuenta los registros del Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP), nutrido por la labor en terreno realizada por las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil, así como la revisión de prensa y contrastación de fuentes de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales. Finalmente, se presenta un análisis de los hechos a la luz de las obligaciones internacionales del Estado, así como diferentes recomendaciones relacionadas con las violencias evidenciadas. (Tomado de la fuente).
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Con la presente política pública el Estado colombiano asume el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección de los defensores y defensoras de DD. HH., líderes y lideresas sociales y políticos. Además, esta política asume el compromiso de fortalecer una instancia creada por el Estado para diseñar, armonizar e implementar una política criminal orientada a hacer frente a los fenómenos delictivos que amenazan y atentan contra las personas que participan en la implementación del Acuerdo Final de Paz. (Tomado de la fuente).
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El presente documento contiene un análisis de factores de riesgo en los territorios, la descripción estadística de hechos, unas solicitudes concretas y el registro de nuestros compañeros y compañeras asesinadas en el año 2020.
Hemos podido sistematizar estos casos gracias a la valentía de fuentes primarias y de quienes construyeron las fuentes secundarias, de quienes se atrevieron a recepcionar y denunciar información sobre las atrocidades que se perpetran, a pesar de los riesgos que esto les acarrea. Igualmente acudimos a informaciones recibidas de organizaciones sociales hermanas, medios de comunicación e instituciones como las Personerías y las Defensoría Regional del Pueblo.
Si bien, el informe no recoge la totalidad de los hechos, es en sí, preocupante por su magnitud y sirve de insumo para vislumbrar las realidades vividas por las comunidades urbanas y rurales del Departamento. (Tomado de la fuente).
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Este Décimo Informe de Seguimiento fue construido por las diferentes personas y organizaciones que componen la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013, con el fin de brindar información e insumos a la Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria de la Corte Constitucional. Así, este informe aborda las problemáticas de derechos fundamentales que enfrenta la población privada de la libertad, tales como el derecho a la resocialización, a la alimentación, a la salud y al acceso la justicia, que se han visto particularmente afectados por las condiciones impuestas por la pandemia de Covid-19 y, más aún, por las medidas deficientes adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentarla. En este sentido, la Comisión no sólo concluye que el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria persiste, sino que la falla estructural que le dio origen se ha profundizado durante la pandemia y se ha expandido a instituciones fuera del sistema penitenciario y carcelario. (Tomado de la fuente).
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El presente informe analiza la situación de la tortura en Colombia, después del último examen al que fue sometido el Estado, por el Comité, en noviembre de 2003. Este documento contiene información que permite evidenciar que Colombia ha incumplido con las obligaciones derivadas de la Convención y con la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité en 2003. Es urgente que el Comité, en el marco de su análisis, reitere las recomendaciones previas hechas al Estado. (Tomado de la fuente).
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El periodo de tiempo estudiado en este informe comprende del segundo semestre de 2019 a noviembre de 2021 y hace parte de un grupo de publicaciones realizadas por la Fundación CSPP con el ánimo de demostrar la utilización del aparato de justicia con fines ilicititos, comúnmente ligados a intereses privados o a autoridades del Estado que recurren a la judicialización con el objetivo de acosar o desprestigiar la labor de defensores de derechos humanos. Dentro de esta colección se encuentran los informes “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” publicado en diciembre de 2019 y “Lo absurdo sobre lo obvio: criminalización histórica al reclamo y defensa de los derechos humanos en Antioquia” publicado en el 2020. (Tomado de la fuente).
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Informe sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Colombia desde el 28 de abril de 2021 en el marco de las jornadas del Paro Nacional desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. (Tomado de la fuente).
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El documento presenta la compilación de los documentos rectores vigentes en materia de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario que ha emitido, en procura de que el actuar de los miembros de la Fuerza Pública se de en la estricta observancia de los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario; constituyéndose estos actos administrativos en herramientas que les permita desarrollar sus funciones constitucionales y legales de la mejor manera. Las directivas y lineamientos aquí reunidos se enmarcan dentro de las líneas de: Disciplina Operacional, Capacitación en Derechos Humanos, Atención a Poblaciones Vulnerables, y Defensa ante Organismos Internacionales. (Tomado de la fuente).
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Las presentes directrices pretenden orientar las acciones de la Fuerza Pública en el manejo de las temáticas con mayor preocupación por parte de los Altos Mandos Militares y de Policía, tales como Sindicalistas y Defensores de Derechos Humanos; desplazamiento forzado por la violencia y proceso de retornos; víctimas de desaparición forzada; comunidades indígenas y afrodescendientes; red de cooperantes y presuntos homicidios en persona protegida. (Tomado de la fuente).
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La Política Integral de DDHH y DIH del Ministerio de Defensa Nacional es el documento marco que describe los lineamientos, sienta los objetivos y establece los programas que en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario2 deben conocer y desarrollar las Fuerzas Militares y, donde sea pertinente, la Policía Nacional3. Es la hoja de ruta que enmarca el comportamiento de la Fuerza Pública en el desarrollo de las operaciones. La Política Integral cumple con tres propósitos: articular el sistema de enseñanza de DDHH y DIH que desde hace más de una década ha puesto en
práctica el Ministerio de Defensa Nacional; adecuar los métodos de instrucción en DDHH y DIH a las necesidades de la Fuerza Pública en el contexto actual; y, por último, integrar todas las capacidades de que dispone la Fuerza Pública para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de DDHH y DIH. (Tomado de la fuente).
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La presente política recoge la visión del Sector Defensa frente a los diferentes desafíos que se deben afrontar en el ámbito de los Derechos Humanos, siendo conscientes de que los nuevos éxitos que se obtengan serán determinantes para seguir contribuyendo al mantenimiento de una Colombia en paz, más educada y equitativa (...) Es por ello que consideramos oportuno consignar, en el presente documento, las acciones adelantadas para la implementación y el desarrollo de cada una de las cinco Líneas de acción, las cuales fueron trazadas en la Política Integral de DD.HH. y D.I.H. de 2008, así como los retos existentes a nivel sectorial en esta temática. (Tomado de la fuente).
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El Informe Derechos Humanos y Fuerza Pública 2021 es el primer documento de este tipo en la historia del Sector Defensa, en el cual se registran las acciones, resultados y avances de la Fuerza Pública frente a la situación de derechos humanos en el país durante el año 2021, que plantearon grandes retos y desafíos de seguridad y defensa para los colombIanos. (Tomado de la fuente).
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El presente documento, en su tercera versión, incorpora las reflexiones y aprendizajes recogidos por el objetivo de Reconocimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a partir de los Encuentros por la Verdad y las Contribuciones a la Verdad y Reconocimiento de Responsabilidad que tuvieron desarrollo entre 2019 y 2022. (Tomado de la fuente).
